En esta misma semana, una vez que la aprueben por lo menos 17 de las 31 legislaturas estatales, el Congreso de la Unión efectuará la declaratoria de constitucionalidad de la llamada reforma energética. Se trata de un conjunto de cambios insospechados que terminan con el mito creado a partir de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo. Veintidós años después, en 1960, Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica que, como los hidrocarburos, se abre a la inversión privada con la mencionada reforma energética.
Ese sector era el último reducto del nacionalismo impulsado por los primeros gobiernos de la Revolución. Hasta allí, a pesar de los intentos, no habían llegado las reformas estructurales que empezaron en 1989 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
La reforma llega en momentos en que se augura un desplome en los precios internacionales del petróleo, debido a que Estados Unidos está por convertirse en exportador; Irán volverá a ser un oferente del hidrocarburo e Inglaterra aumentará su producción en el mar del Norte.
Todo ello presionaría a la baja los precios internacionales del petróleo y, por tanto, disminuiría la rentabilidad de las inversiones en el sector.
Pese a todo, México ha dado un gran paso hacia un manejo diferente de los recursos del subsuelo. Sin embargo, lo interesante estará en los detalles, en esos pequeños aspectos de las cosas desde donde los mexicanos hemos sido víctimas de abusos históricos que en el pasado quebraron al país, empobrecieron a muchos y enriquecieron a pocos, muy pocos.
De Salinas a Felipe Calderón hay una historia de 24 años con afrentas. En ese período se remató y concesionó a precios irrisorios y a amigos del Poder televisoras, telefónicas, bancos, ferrocarriles, autopistas, puertos, aeropuertos, ingenios azucareros, aerolíneas, etc.
La gran mayoría de esos negocios fueron mal manejados y el gobierno usó dinero de los impuestos para rescatarlos y volverlos a “regalar” a los amigos en turno.
En el asunto energético, el detalle estará en las letras chiquitas de los contratos que Pemex realice con los particulares que quieran y puedan ser sus socios. No es un dato menor, pero a pesar de su importancia todavía no se han determinado aspectos como los porcentajes de utilidad que tendrían los inversionistas. ¿Quién y cómo se fijarán?
No es malo que el sector privado participe en actividades que estaban reservadas al Estado, al contrario, son buenas noticias, pero en la medida en que éste ceda o traspase responsabilidades a los particulares, debe por otro lado fortalecer sus órganos de control.
De lo contrario, la corrupción será la cola del diablo en ésta y otras reformas. Ya lo hemos visto. ¿Se repetirá?
Platea
Quintana Roo confía en las bondades de esa reforma y por eso su Congreso no dilató en aprobarlas. El legislativo que encabeza José Luis Toledo Medina fue de los primeros del país en avalar el nuevo marco constitucional del sector energético.
La rápida acción del Congreso quintanarroense aporta su granito de armonía al compromiso del gobernador Roberto Borge con la transformación de México que promueve el presidente Peña Nieto.
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