Mucho se habló del “blindaje” legal que construyó Roberto Borge Angulo para él y los suyos con los nombramientos del fiscal Arturo Álvarez Escalera, quien ya renunció y del auditor superior, Javier Zetina González.
Se dijo que Álvarez Escalera operaría para frenar cualquier investigación judicial en contra de ex funcionarios de la pasada administración. De hecho, según dijo el secretario de la Gestión Pública Rafael del Pozo en una entrevista para La sobremesa, ya operaba en ese sentido.
Al final, Álvarez Escalera renunció y el Congreso nombró en su lugar a Miguel Ángel Pech Cen.
En esta semana el Congreso enfiló las baterías hacia el auditor mayor, quien el miércoles estuvo en la sede del Poder Legislativo para entregar el programa de auditorías del 2017. Hay acciones en juzgados federales para combatir su nombramiento que, hasta donde los diputados han documento, es ilegal, porque en el procedimiento parar ungirlo no se observó puntualmente la ley.
Como con Álvarez Escalera, será cuestión de tiempo para que Zetina González sea hecho a un lado. Por lo pronto, trabaja a marchas forzadas para “limpiar” las cuentas públicas de la administración de Borge Angulo y de algunos municipios en los que se despacharon el erario con gigantescas palas.
También se ha hablado del papel que juega en el “blindaje” borgista el presidente del Tribunal Superior de Justicia Fidel Villanueva Rivero y de la necesidad de que también sea hecho a un lado, para garantizar que quienes incurrieron en irregularidades de todo tipo rindan cuentas en todos los niveles. Que no sean protegidos en ninguna instancia.
Pero hasta ahora no se ha hablado de los jueces. La gran mayoría de ellos llegaron a sus puestos por el favor de Villanueva Rivero y del propio Borge Angulo.
Es allí donde deben encenderse también las luces rojas, porque con los jueces, que de por sí en su gran mayoría no gozan de mucho prestigio, podrían naufragar los expedientes que sean consignados por la Fiscalía.
Rafael del Pozo lo sabe y por eso su preocupación por fundamentar con pruebas irrefutables las irregularidades que se han ido descubriendo y también allí radica su interés de construir una relación fuerte en el terreno institucional entre su oficina y la del fiscal, su maestro de leyes en La Salle.
Sin embargo, más allá de fortalecer los expedientes con pruebas robustas, independientemente de que Villanueva Rivero deje de ser o no presidente del Poder Judicial y de que Javier Zetina sea hecho a un lado, el asunto de los jueces también debe ser atendido, no solo para que las acciones en contra de malos funcionarios caminen, sino para bien de la justicia misma.
La permanencia de los jueces de Fidel también debe ser reconsiderada.
Platea
Esta semana el municipio de Isla Mujeres estrenó patrullas. Sin duda, se trata de una inversión importante de la administración que encabeza Juan Carrillo Soberanis, quien en menos de cinco meses de gestión ha puesto orden en lo que recibió de cabeza.
Los servicios públicos son fundamentales en la calidad de vida de los habitantes y más en un municipio al que llegan inversiones para captar turistas de alto poder adquisitivo y, por tanto, requiere de acciones concretas para contar con orden, seguridad, iluminación e infraestructura de primer nivel.
El trabajo de Carrillo Soberanis resalta más allá de la geografía municipal.
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