CANCÚN, 21 de mayo.— “Mahahual no puede convertirse en una zona de sacrificio ambiental al servicio del turismo masivo y la especulación inmobiliaria”. Con esta advertencia, organizaciones ambientalistas, comunidades costeras, academia y especialistas exigieron a las autoridades estatales y municipales revertir las modificaciones que calificaron como “irregulares” al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) y a otros instrumentos territoriales que, denunciaron, favorecieron la expansión desordenada del turismo masivo en el sur de Quintana Roo.
El pronunciamiento, suscrito por Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Sélvame Mx, Cenotes Urbanos, Moce Yax Cuxtal y el Grupo Ecologista del Mayab, surge tras la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto “Perfect Day México”, de Royal Caribbean, una resolución que las agrupaciones consideraron “histórica” para el Caribe mexicano.
La advertencia central: el desarrollo no puede sostenerse a costa del territorio
En el eje de su posicionamiento, las agrupaciones plantearon que la protección de los ecosistemas de Mahahual no es incompatible con el progreso, sino su condición indispensable.
“La protección de sus arrecifes, manglares, selvas costeras y aguas subterráneas no es un obstáculo para el desarrollo: es la condición mínima para garantizar un futuro habitable, justo y ecológicamente viable para las generaciones presentes y futuras”, subrayaron.
Las organizaciones sostuvieron que las omisiones e inconsistencias detectadas en la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) presentada por Royal Caribbean “no constituyen simples deficiencias técnicas aisladas”, sino que reflejan un modelo de desarrollo que históricamente ha pretendido tratar al Caribe mexicano como “un territorio disponible para la expansión ilimitada de megaproyectos turísticos”, ignorando límites ecológicos, capacidades de carga, disponibilidad hídrica y derechos de las comunidades locales.
Segundo llamado: revertir las modificaciones “irregulares” al PDU
En un segundo planteamiento, dirigido a las autoridades estatales y municipales, las agrupaciones pidieron revertir los cambios al Programa de Desarrollo Urbano y a otros instrumentos territoriales que abrieron la puerta al turismo masivo en Mahahual.
De acuerdo con el pronunciamiento, estas modificaciones debilitaron criterios ambientales, capacidades de carga y mecanismos de participación pública, allanando el camino a proyectos incompatibles con la fragilidad ecológica y social de la región.
Las organizaciones recordaron que la defensa de Mahahual también se libró en los tribunales “frente a modificaciones unilaterales e ilegales de instrumentos de planeación urbana y territorial”, lo que dimensiona el reclamo no como una solicitud aislada, sino como parte de una disputa jurídica de fondo sobre el ordenamiento del territorio en el sur del estado.
Piden a Semarnat publicar el resolutivo completo
Como parte de las exigencias del posicionamiento, las agrupaciones también solicitaron a Semarnat publicar de manera íntegra, accesible y oportuna el resolutivo negativo en materia de evaluación de impacto ambiental correspondiente al trámite 23QR2025T0061.
Argumentaron que la sociedad tiene derecho a conocer las razones técnicas, científicas y jurídicas que sustentaron la decisión, dada la relevancia pública del caso y su vinculación con el Sistema Arrecifal Mesoamericano y el Gran Acuífero Maya, considerados ecosistemas estratégicos para el país.
Una decisión apegada a principios ambientales
Las agrupaciones consideraron que la determinación de Semarnat constituye una aplicación correcta de los principios de prevención, precaución, integralidad ecosistémica y no regresión ambiental, en línea con lo establecido por el Acuerdo de Escazú, la Constitución mexicana y la legislación ambiental nacional.
Marcos normativos que, recordaron, establecen que las decisiones ambientales deben sustentarse en información completa, participación pública efectiva, transparencia, prevención del daño y protección del interés colectivo, criterios que —sostuvieron— no se cumplían en el proyecto promovido por Royal Caribbean.
Bienvenida la inversión, pero con respeto al Estado de derecho
En el cierre de su posicionamiento, las organizaciones precisaron que su rechazo no se dirige contra la inversión en sí misma: “México requiere de inversiones, desarrollo, crecimiento sustentable y creación de empleos. Todo ello es y será siempre bienvenido siempre y cuando se respete el Estado de derecho en materia ambiental, se respeten los derechos humanos de las personas y comunidades, así como su tierra y territorio, y se respete la riqueza natural de nuestro país de la cual todos dependemos”, puntualizaron.
