Pintura oral acusatoria

 Óscar González Ortiz

El abuelo decía: “despacio, que llevo prisa”. Hay que hacer las cosas bien, y en términos de administración de proyectos, para tener éxito es necesario trazar una ruta crítica que tome en cuenta todo lo que el plan requiere de todos los actores que intervienen para llegar a la deadline no sólo cumpliendo con el tiempo, sino con la totalidad de los objetivos parciales.

Acerca de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el Centro de Investigación para el Desarrollo advirtió que “es necesario supervisar la calidad de los cambios y evitar ‘simulaciones’. En este contexto, se corre el riesgo de que, ante las prisas, terminemos con una implementación deficiente”.

“Si partimos del hecho de que el mayor riesgo de la reforma penal –sentencia el Cidac, citado por Reforma— es terminar teniendo viejas prácticas con nuevos nombres; lo esencial, a estas alturas, es que se atiendan los puntos críticos institucionales que garanticen que el cambio se construya sobre cimientos firmes”

En el estudio, la organización publicó una tabla con las calificaciones de las 32 entidades federativas de México, en las cuales por mandato constitucional los juicios orales deberán operar plenamente para junio de 2016. Sobre mil puntos que deberían tener los estados y el Distrito Federal para entonces, se considera que al final de este año la calificación ideal sería de 730. En ningún caso se logró el objetivo. Chihuahua alcanzó la calificación más alta, con 672, seguido de Baja California (643), Guanajuato (568.5), Nuevo León (496.5), Yucatán (426.5) y Tabasco (409.5). Al fondo de la tabla se encuentran el Estado de México (238.5), Hidalgo (210), Campeche (191), Baja California Sur (187.5) y Tlaxcala (145.5).

Quintana Roo ocupa el lugar número 19 con 294 puntos. Esta media tabla, sin embargo, implica importante acciones y avances que no se reflejan en la calificación, pues si bien apenas en una cuarta parte de los distritos judiciales ya operan los juzgados penales orales, los esfuerzos interinstitucionales de los tres poderes apuntan no sólo a lograr la operación total, sino a hacerlo garantizando pleno y real acceso a la justicia para toda la población.

Luego de los terremotos de 1985, se hizo famosa entre los ingenieros la expresión “pintura anti-sísmica” para referirse a los edificios que, adoleciendo graves de fallas estructurales, eran remozados por constructoras que los compraron para venderlos como nuevos. El órgano implementador del NSJP de Quintana Roo no sólo está rociando con brillante pintura al viejo sistema judicial, sino transformándolo desde el corazón de su estructura, reconstruyéndolo minuciosamente; de ahí el aparente retraso o avance mediocre.

Un claro ejemplo es lo que se está haciendo en Playa del Carmen, que gracias al compromiso y decidida colaboración del dinámico alcalde Mauricio Góngora Escalante le ganará a Cancún en la puesta en operación de los juzgados orales.

Citamos un comunicado del Poder Judicial:

“Solidaridad está listo para sumarse de manera formal en el proceso para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; así lo señaló el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Fidel Villanueva Rivero, tras concluir una reunión privada con el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, a la que le acompañaron miembros del Consejo de la Judicatura.

“El magistrado confirmó que hay voluntad del alcalde por ceder parte de los terrenos de los patios de Seguridad Pública, aledaños al edificio de los actuales juzgados; la idea es construir el edificio que albergará a todos los juzgados de oralidad porque entrarán en esta materia en el municipio de Solidaridad, ‘una construcción que sea un anexo de Seguridad Pública y el Poder Judicial, que sea uno solo y totalmente nuevo, que no tenga nada que ver con los actuales’, agregó.

“Fidel Villanueva manifestó que el proyecto de la edificación de los juzgados orales está planteando un poco más de 12 millones de pesos de entrada, solamente en la infraestructura y con el apoyo del presidente municipal ver la posibilidad de hacerlo más grande y con el equipamiento tecnológico el costo aumenta otros cuatro millones de pesos.

“Indicó que si las condiciones se reúnen iniciarán los trabajos de construcción, debiendo concluir en unos cinco meses en promedio, aunque dependerá de los tiempos de la constructora. ‘En Solidaridad tenemos planteado iniciar con los procesos orales en abril 2016, pero si logramos terminar el edificio probablemente adelantemos la implementación, para dejar a Cancún al final’, asentó.

Anoche, en Café Negro TV, a propósito del famoso decálogo del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario general de Gobierno Gabriel Mendicuti Loría nos habló de la excelente coordinación que hay entre el gobierno de Roberto Borge Angulo y los municipios, que para su fortuna son gobernados por presidentes municipales emanados de su propio partido. Salió a relucir el NSJP, cuyo órgano implementador él mismo preside en representación del gobernador. La misma titular del órgano implementador nacional, la Setec, María de los Ángeles Fromow Rangel, en entrevista exclusiva con este reportero ponderó el proceso de implementación en Quintana Roo, reconociendo el papel del órgano y en particular del propio Mendicuti.

Sin duda, vamos mejor de lo que parece.

GRILLOGRAMA

La neta…

Tomaron sabios consejos

Para los juicios orales

Pues el mayor de los males

Sería el hacerse pend…