La participación de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública en el país no debe promoverse para que sea de manera permanente y debe planearse en cuanto antes un retiro gradual para que sus elementos regresen a realizar las funciones que le son propias.
Así lo expresó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dirigiéndose al presidente Enrique Peña Nieto.
“La seguridad pública es una función que corresponde, y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil; nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable.
“El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea”, dijo durante su participación en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, realizada en la Residencia Oficial de Los Pinos.
El ombudsman nacional destacó que 2016 ha estado marcado por el alto nivel de criminalidad y por la percepción negativa de la sociedad hacia las instituciones democráticas.
“Una percepción generalizada en la sociedad sobre la existencia de impunidad, corrupción, así como la falta de cumplimiento de la ley, han debilitado a nuestras instituciones democráticas y dividido a la sociedad”.
Alertó sobre el descontento social que ha orillado a los mexicanos a aprobar a quien toma la justicia en sus manos y solicitó al Presidente de la República que todas las acciones para sustentar las políticas públicas estén basadas en el respeto a los derechos humanos.
González Pérez comentó que la criminalidad es uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos y las fallas en la seguridad pública están potencializando este deterioro.
Solicitó a Peña Nieto fortalecer las acciones contra la corrupción y la impunidad.
“Se presenta la oportunidad de cimentar las instituciones y procesos que permitan el abatimiento de la corrupción y de la impunidad en México, así como de permitir la mejor y debida persecución de los delitos”.
El Premio Nacional de Derechos Humanos post mortem fue entregado al activista, defensor y promotor de los derechos humanos, Rodolfo Stavenhagen.
