CANCÚN, Q. ROO.– Con la finalidad de garantizar el derecho constitucional a una defensa adecuada, colectivos civiles y defensores de derechos humanos exhortaron a las autoridades estatales y al Poder Judicial a fortalecer la infraestructura de la defensoría pública en Cancún, facilitando el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad económica.
Representantes de las organizaciones enfatizaron que actualmente miles de ciudadanos se ven imposibilitados para resolver litigios en materia familiar, laboral o penal debido a la falta de capacidad económica para contratar abogados particulares.
Déficit de defensores de oficio y barreras económicas
Los colectivos expusieron que el Instituto de la Defensoría Pública enfrenta una sobrecarga de trabajo y un déficit de personal, lo que deriva en diferimientos constantes de audiencias y atenciones deficientes para quienes dependen de los servicios jurídicos gratuitos del Estado.
Esta problemática afecta con especial gravedad a residentes de zonas vulnerables y colonias irregulares del municipio de Benito Juárez, quienes a menudo desisten de interponer denuncias o defender sus derechos por la falta de orientación legal oportuna y los costos de traslado a las sedes judiciales.
Urgen mayor presupuesto y juzgados itinerantes
Ante este escenario, las organizaciones solicitaron formalmente que en el ejercicio presupuestal se destinen más recursos para la contratación y capacitación de abogados de oficio, además de garantizar traductores de lenguas indígenas para la población originaria.
Asimismo, propusieron la puesta en marcha de módulos itinerantes de asesoría jurídica gratuita que recorran las distintas supermanzanas de la ciudad en este 2026, asegurando que la justicia sea accesible, pronta e expedita para todos los sectores de Cancún.
