El outsourcing ilegal podría ser considerado delincuencia organizada y congelarían cuentas, se determinó este miércoles durante el foro “Parlamento Abierto”, en el Senado de la República.
“El hecho de que se considere outsourcing ilegal, es decir que no cumplan con sus obligaciones fiscales puede ser considerado delincuencia organizada y en la coordinación que estamos teniendo con la UIF, con el SAT, con el IMSS y la Secretaría del Trabajo, podría dar incluso a que se considere delincuencia organizada al que presta el servicio, pero a la vez podría dar lugar a congelamiento de cuentas”, dijo Carlos Romero Aranda, procurador fiscal.
Los representantes del Gobierno Federal coincidieron en que el outsourcing ilegal, lastima los derechos de los trabajadores y a las instituciones del Estado Mexicano.
“Los 21 mil millones de pesos anuales de evasión, significarían para el IMSS lo equivalente a 14 hospitales de segundo nivel, a 210 clínicas de primer nivel de atención. Esto entorpece el crecimiento de la infraestructura, entorpece la capacidad de crecer en nuestras instalaciones, contratar más médicas, enfermeras y enfermeros, además de ofrecer mayores y mejores servicios de seguridad social. Nosotros no negamos los errores que tenemos, pero el outsourcing también tiene que ver con las urgencias saturadas; el outsourcing también tiene que ver con los tiempos de espera”, explicó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por su parte, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, dijo: “Vale la pena el poder discutir qué tipo de cosas serían eficientes y eficaces para que eliminemos de tajo, la posibilidad, para que se defraude a los trabajadores, se defraude al Fisco y se defraude a los institutos de seguridad de este país. Que quede claro lo que se vale y lo que no se vale, y aquello que no se vale, simplemente no tenga cabida y sea sancionado con todo el peso de la ley”.
En una mesa de trabajo distinta, la Iniciativa Privada pidió a los senadores no sobre regular la subcontratación e hizo un llamado a garantizar la aplicación de las leyes vigentes para evitar la defraudación.
“Es mediante el cumplimiento de la Ley, y no creando más normas como se puede conseguir el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones definidas perfectamente en las leyes federales del trabajo y seguridad social vigentes. Se debe dar la oportunidad a la implementación de las modificaciones aprobadas al Código Fiscal, a la Ley de Delincuencia Organizada y a la Ley de Seguridad Nacional de la Federación, que generen herramientas para que la autoridad vigile y sancione a quienes han venido defraudando al erario público, afectando a los trabajadores y los patrones del país. Abonemos a la competitividad y al estado de derecho”, sentenció Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN.
Fue en diciembre de 2019 cuando la Comisión de Trabajo del Senado aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación.
