MERIDA, 17 de septiembre.– Luego de seis años de litigio, la controversia constitucional que Yucatán promovió en contra de Quintana Roo por la definición de límites territoriales entró en una nueva etapa dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El nuevo pleno del máximo tribunal turnó el caso a la ministra María Estela Ríos González, como parte de la redistribución de asuntos tras la reciente integración de la Corte. Hasta ahora, el expediente no había sido resuelto por los anteriores ministros.
El titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Yucatán, Gaspar Alemañy Ortiz, explicó que actualmente el procedimiento se encuentra en la etapa de alegatos y aún no se ha hecho público un proyecto de resolución.
“En este procedimiento jurídico hay tres posturas porque no sólo es Yucatán y Quintana Roo, sino también Campeche. El conflicto limítrofe también incluye a esa entidad. Ya hemos tenido reuniones con las gobernadoras Mara Lezama y Layda Sansores, así como con el gobernador Joaquín Díaz Mena, para buscar un entendimiento conjunto”, señaló.
Hay que recordar que el fondo del problema se remonta a 1996, cuando Campeche creó el municipio de Calakmul, lo que alteró la aplicación del decreto original de 1974 que dio origen al estado de Quintana Roo y que reconocía como límites los está establecidos en el decreto de creación del territorio federal en 1902.
Posteriormente, en 2019, Quintana Roo reformó su Constitución local para clarificar sus límites de acuerdo con dicho decreto, lo que generó inconformidad en Yucatán, que consideró afectados municipios como Chemax, Chichimilá, Tixcacalcupul, Peto, Tzucacab y Tekax.
Ante esta situación, en junio de ese mismo año, el Gobierno de Yucatán presentó ante la SCJN la controversia constitucional que defiende su interpretación de los límites territoriales.
Sin resolución inmediata
El consejero jurídico precisó que el hecho de que la ministra Ríos González haya sido designada ponente no significa que se dicte una resolución en el corto plazo.
“Todavía estamos en la parte de alegatos. No hay un proyecto público de resolución. Incluso si la nueva ponente decide entrar al estudio, puede coincidir o no con lo que previamente se había considerado. Esto no quiere decir que el asunto vaya a resolverse pronto”, puntualizó.
Mientras tanto, los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche mantienen abierto un canal de diálogo político paralelo al litigio, en búsqueda de una solución consensuada al diferendo limítrofe.
