En entrevista durante la sesión extraordinaria de hoy, la diputada de Morena recordó que estas concesiones fueron emitidas por decreto, sin un concesionario, sino que para que fueran trabajadas por los sindicatos, con la finalidad que este dinero se fuera al deporte.
“Tendremos que en su momento revisar quién es beneficiado por este recurso, cómo se cobran y ese recurso para dónde es dirigido”, comentó la legisladora.
Cuestionada sobre el padrón de concesionarios, afirmó que en la actual administración no se han entregado concesiones de forma sospechosa o arbitraria, pero en su momento tendrá que haber transparencia sobre la relación histórica de las mismas.
Al mismo tiempo, la diputada exhortó a los líderes de los distintos sindicatos a entregar su padrón de agremiados, pues el gobierno necesita el nombre de todos quienes trabajan las placas, y quienes se hayan “portado mal” o maltratado a pasajeros deben irse.
“Exhorto a que den cumplimiento a la petición del director del Imoveqroo, para que se tenga el nombre de todos”, declaró.
En cuanto a la reforma que propone, que crearía un comité para la asignación de concesiones, indicó que es una manera de “amarrarle las manos” a esta y las próximas administraciones para que estas placas vayan con los operadores con mayor antigüedad, enfatizando que el actual gobierno sí ha cumplido en este aspecto.
“La administración que encabeza el señor gobernador Carlos Joaquín no ha entregado ninguna concesión de forma arbitraria e injusta”, afirmó.
En cuanto a la trasmisión hereditaria de estas concesiones, defendió que, en una familia, se trata de su principal fuente de ingreso y el fallecimiento del concesionario no debiera dejarlos desamparados.
Aclaró que no es una herencia como tal, sino la trasmisión de un uso, que se puede hacer en vida, o en caso de fallecimiento, que quede en el cónyuge o hijos, hasta por dos generaciones.
Insistió que todos quienes cuentan con concesiones son familias quintanarroenses, no grandes empresas, incluso quienes las obtuvieron de mala manera, por discrecionalidad de anteriores gobiernos, probablemente las vendieron a alguien quien pagó por ella y la preserva como su patrimonio.
