CANCÚN, 27 de junio. — El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, continuará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria en un inmueble ubicado en el Estado de México, luego de abandonar el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.
Tras casi nueve años en reclusión preventiva, el exmandatario fue trasladado a territorio mexiquense, donde portará un brazalete electrónico de geolocalización y permanecerá bajo estricta vigilancia debido a las acusaciones vigentes en su contra por presunto lavado de dinero.
El traslado hacia el Estado de México se ejecutó tras la orden de una jueza federal para hacer efectiva dicha medida sustitutiva. Las autoridades judiciales impusieron severas restricciones de movilidad en el domicilio asignado para garantizar que Borge Angulo no evada la acción de la justicia mientras se determina su situación jurídica definitiva.
La modificación de su medida cautelar se derivó de un fallo judicial favorable para el político quintanarroense. Un tribunal federal dictó su absolución definitiva por el delito de delincuencia organizada.
La autoridad determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó los elementos probatorios suficientes para demostrar que el exgobernador lideraba una red criminal dedicada a la enajenación irregular de 18 predios del patrimonio estatal a precios subvaluados.
A pesar de que esta absolución eliminó el principal impedimento legal para abandonar las celdas de Morelos, Borge no obtuvo su libertad absoluta. Su proceso continuará bajo escrutinio por la causa penal correspondiente a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Roberto Borge Angulo gobernó el estado de Quintana Roo durante el periodo de 2011 a 2016. En junio de 2017, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a París, Francia.
Meses más tarde, fue extraditado a México para responder ante la justicia por diversas carpetas de investigación ligadas a presuntos actos de corrupción.
La fiscalía federal sostiene que durante su gestión se realizaron ventas irregulares de terrenos estatales a favor de familiares, amigos y socios comerciales por montos muy inferiores a su valor comercial real.
El proceso penal por lavado de dinero sigue su curso y definirá el desenlace de su caso desde su nuevo estatus de reclusión en el Estado de México.
