CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre — A partir del 3 de noviembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) restringirá el uso de celulares y dispositivos personales durante toda la jornada en las escuelas de educación básica, incluido el recreo, una medida que, de acuerdo con un estudio de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, puede ampliar la brecha digital entre los estudiantes de menores recursos.
El análisis “Restringir sin prohibir. La regulación de dispositivos digitales en las escuelas y su implementación”, elaborado por México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec, advierte que solo el 35 por ciento de las escuelas públicas de educación básica cuenta con computadoras e internet para la enseñanza, y que 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes no tienen otro dispositivo para hacer sus tareas.
Para el 56.3 por ciento de los usuarios de celular de seis a 17 años, el teléfono es su única herramienta tecnológica. La dependencia es mayor en los hogares de bajos ingresos, donde el 73.1 por ciento depende solo del celular, frente al 11.2 por ciento de los hogares de estrato alto: más de seis veces.
Una sola regla para todos los niveles
El Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, aplica la misma restricción a toda la educación básica, aunque el uso del celular varía mucho por nivel: lo lleva a la escuela el 84.1 por ciento de los alumnos de secundaria, el 24.8 por ciento en primaria y el 4.6 por ciento en preescolar. Además, el 94.7 por ciento del personal educativo consultado por la SEP respaldó reglas diferenciadas por edad y nivel.
La norma permite usar los dispositivos en actividades educativas programadas y con orientación docente, así como por emergencias, discapacidad, accesibilidad, inclusión, salud o circunstancias extraordinarias. Limita el uso, pero no prohíbe portar los equipos, y no establece sanciones, retención de teléfonos ni consecuencias disciplinarias.
Según el estudio, esto deja a docentes y directivos sin facultades expresas para retirar o resguardar los aparatos cuando un alumno se niegue a guardarlo, y a las escuelas con preguntas sin resolver: quién responde por la pérdida o daño de los equipos, cómo actuar ante el incumplimiento y cómo comunicarse con las familias en una emergencia.
El acuerdo, añade, llega sin una política de alfabetización digital, sin mecanismos para verificar su cumplimiento y sin indicadores para medir si la reducción del uso de dispositivos mejora los aprendizajes.
Una consulta sin alumnos ni familias
La SEP sustentó la medida en una consulta realizada en agosto, en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas, el 45.9 por ciento de los docentes del país. México Evalúa señala que el ejercicio solo recogió percepciones del personal escolar, sin incluir a estudiantes ni a familias, y que la participación más baja, de 39.2 por ciento, se dio precisamente en secundaria, el nivel más afectado.
En la consulta, el 79.7 por ciento del personal reportó problemas de atención entre sus alumnos y el 78.1 por ciento los vinculó con el uso de dispositivos; el 78.7 por ciento observó dificultades para recordar información. También se reportaron conflictos iniciados en redes sociales que continuaron en los planteles (38.7 por ciento), difusión de fotos, audios y videos sin consentimiento (33.2 por ciento), retos virales (31.5 por ciento) y ciberacoso (29 por ciento).
Sin embargo, el estudio subraya que se trata de percepciones, no de mediciones del aprendizaje ni de pruebas de una relación causal. Y aunque el 88.8 por ciento del personal apoyó restringir el uso a momentos autorizados, solo el 56.3 por ciento respaldó impedir por completo el acceso durante la jornada.
Sin garantía de mejores resultados
Los especialistas señalan que limitar las pantallas no garantiza mejores calificaciones. Un análisis internacional con datos de PISA encontró mejoras pequeñas en el desempeño solo donde las restricciones se aplican de forma consistente; en nueve países latinoamericanos esa asociación desaparece. Las prohibiciones pueden reducir la distracción y la ansiedad, pero no necesariamente mejorar los resultados en matemáticas, lectura y ciencias.
En Brasil, donde una regulación de 2025 tuvo el respaldo del 92 por ciento de la población, el 45 por ciento de las escuelas públicas reportó problemas para resguardar los dispositivos, frente al 18 por ciento de las privadas. En Francia, la ley de 2018 tuvo un cumplimiento limitado, y en Chile los docentes cuestionaron que la norma llegara sin presupuesto, capacitación ni protocolos.
El estudio también advierte que, aunque el 88.2 por ciento de los usuarios de celular de 12 a 14 años lo usa para actividades escolares, solo el 26.2 por ciento sabe proteger sus dispositivos, cuidar su privacidad y evaluar la fiabilidad de la información, y casi siete de cada 10 menores ya usan redes sociales a los 12 años.
Plazo para los estados
Actualmente, 19 estados tienen disposiciones sobre dispositivos digitales en las escuelas y los otros 13 deberán crear sus propios mecanismos. Los gobiernos estatales tienen hasta el 2 de mayo de 2027 para emitir o armonizar sus normas con el acuerdo federal.
Solo el 31.7 por ciento del personal educativo consultado dijo conocer los lineamientos oficiales de su entidad. Entre las herramientas que consideran prioritarias para aplicar la medida están los protocolos para prevenir riesgos digitales (51.6 por ciento) y los acuerdos de corresponsabilidad con las familias (41 por ciento).
Foto: Archivo Palco Noticias
