CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio.- Con el objetivo de poner fin de manera definitiva al arbitraje internacional que sostiene el Estado mexicano con la empresa multinacional estadounidense Vulcan Materials —matriz de la cantera Calica—, el Gobierno federal ha puesto en marcha una mesa de negociación basada en un plan integral de reubicación de operaciones y reconversión logística en Quintana Roo.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que diversas dependencias del gabinete federal se encuentran estructurando un acuerdo formal que busca equilibrar las inversiones comerciales y salvaguardar la protección ambiental de la región del Caribe mexicano.
La contrapropuesta del Gobierno de la República se fundamenta en tres ejes inamovibles:
1. Reubicación controlada de la extracción: Se facultará a Vulcan Materials para continuar con la explotación de piedra, pero estrictamente en un nuevo terreno alterno evaluado como ecológica y técnicamente viable. Dicha actividad estará sujeta a topes de volumen considerablemente inferiores a los extraídos históricamente en los predios de Calica.
2. Diversificación de Puerto Punta Venado: La terminal portuaria, actualmente clausurada, será reactivada bajo un nuevo esquema operativo. Dejará de funcionar de manera exclusiva para el traslado de material pétreo, abriéndose a diversas actividades comerciales que beneficien la infraestructura y conectividad portuaria de Quintana Roo.
3. Remediación ecológica obligatoria: Como requisito mandatorio para el cierre del acuerdo, la compañía deberá asumir la totalidad de los costos financieros derivados de la remediación ambiental en la antigua mina, cuyos terrenos fueron declarados Área Natural Protegida (ANP) mediante decreto oficial.
No podrían seguir explotando donde llegaron a explotar. En este momento el puerto está cerrado. Es una concesión que le dio el Estado mexicano a Vulcan, aseveró firmemente la mandataria federal al fijar los límites de la negociación.
Tensiones bajo el marco del T-MEC
El diálogo transcurre en medio de un complejo escenario diplomático. Al ser cuestionada sobre versiones que apuntan a que Vulcan Materials exige —como parte de las revisiones del T-MEC— una prórroga de concesión por 40 años, indemnizaciones económicas por inactividad y la anulación del decreto ecológico, Sheinbaum prefirió mantener la reserva sin confirmar ni desmentir dichos aspectos.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo federal advirtió que el documento de la propuesta final se mantiene bajo carácter confidencial mientras se concluyen sus detalles jurídicos. De ser rechazado este planteamiento por parte de Vulcan, México mantendrá su defensa en el proceso de arbitraje internacional hasta que los tribunales emitan una resolución definitiva.
