Ciudad de México, 30 de mayo de 2025 — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de forma unánime las denuncias presentadas por ciudadanos contra la Ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, al considerar que no existe un marco legal que permita fincar responsabilidad administrativa a los integrantes del máximo tribunal.
El fallo fue resuelto en sesión privada del Pleno el pasado 3 de marzo, aunque la resolución fue notificada hasta este jueves. La decisión deriva de una consulta presentada por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), luego de que en 2023 se acumularan diversas denuncias tras la publicación de una investigación del escritor Guillermo Sheridan, quien reveló que la tesis de Esquivel (1987) era prácticamente idéntica a otra presentada un año antes por otro alumno de la UNAM.
En su resolución, la Corte afirmó que no se pueden sancionar administrativamente a ministros y ministras, ya que hacerlo sin un marco legislativo específico violaría la garantía de independencia judicial.
“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa”, dicta el fallo.
Además, se aclaró que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) —que comenzará a operar en septiembre— tampoco podrá sancionar a los ministros, pues la Constitución establece que únicamente pueden ser removidos mediante juicio político o penal.
Con esta resolución, el Pleno de la Corte dejó sin efecto el Acuerdo General de 2005, que preveía mecanismos internos para atender denuncias administrativas contra sus integrantes. La Corte argumentó que mantener dicho acuerdo sería incongruente con las garantías constitucionales reforzadas que protegen la independencia del máximo tribunal.
Esquivel, actual contendiente en la elección judicial del 1 de junio y cercana al Gobierno federal, también enfrentó una investigación por parte de la UNAM, cuyas conclusiones nunca se hicieron públicas debido a una serie de litigios iniciados por la propia ministra.
Entre sus victorias legales destaca una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ratificada en diciembre pasado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que anuló todos los actos sancionatorios promovidos por las autoridades universitarias.
La decisión de la Corte ha generado críticas en sectores académicos y ciudadanos que exigían una resolución firme sobre el caso. Sin embargo, el máximo tribunal ha cerrado la puerta a cualquier sanción administrativa mientras no se reforme el marco legal para responsabilizar a sus miembros.