Por donde se le vea, el refinanciamiento de la deuda de Quintana Roo es una decisión no solo buena, sino necesaria: es más: inevitable. La responsabilidad de un gobierno de atender las necesidades de la población es ineludible e irrenunciable, mas es imposible cumplirla mientras se padece una carga financiera tan impresionante. Los pasivos heredados son inmensos para el tamaño de nuestro estado en el sentido demográfico –hablamos de la mayor deuda per cápita de los estados del país–, pero nuestra economía es más grande que eso.
Pero mucho antes de que se anunciara la petición al congreso de la autorización para renegociar los pagos de la deuda y su servicio –intereses– aquí mencionamos la necesidad de una medida tal, justo cuando una de las principales firmas calificadoras de deudas anunciaba que Quintana Roo, a pesar de la irresponsabilidad de los dos gobiernos anteriores para contratar préstamos, seguía siendo sujeto de crédito, pues éstos si bien se ensañaron con el menesteroso pueblo y las arcas públicas no abandonaron su religioso cumplimiento con las exigencias de los banqueros. ¡Pues cómo no, si ellos eran quienes les daban el dinero que ahora se presume que se “clavaban”!
Sin embargo, a fin de cuentas, la capacidad crediticia de Quintana Roo no está afectada al grado de la insolvencia y el gobierno de Carlos Joaquín González, que se ha comprometido a ser austero y administrativamente responsable, por fortuna para sus gobernados, si bien padecerá estrecheces, tendrá margen de maniobra.
El problema no ha sido ese, sino la inexistencia de una política de comunicación que vaya más allá de los boletines de entregas de paradas cívicas por la Revolución Mexicana.
Aquí –como prácticamente en todos los temas de la agenda gubernamental– percibimos problemas que son más de una nociva hermenéutica que deriva de una muy errática comunicación con la opinión pública, por lo que las decisiones cruciales, sean correctas o equivocadas, acaban siendo percibidas como malas por la opinión pública, quedando toda la responsabilidad de defender al gobierno a los zombies, fanáticos y terroristas que menudean en las redes sociales y que no son objetos del menor crédito.
La vocera Haidé Serrano es una periodista de formación profesional inmejorable y dilatada experiencia tanto en los medios de comunicación privados como en los gubernamentales, que si bien tiene un horrendo carácter de cruza de erina con basilisco sabe como pocos cómo debe funcionar la transmisión de mensajes y posturas gubernamentales –puede ser muy buena en su trabajo, hemos comprobado desde hace una década–, pero entre el gabinetazo, los asesores golondrinos y las eminencias grises adoradoras del camote que rodean a Joaquín la consigna parece ser callar, confundir y hasta engañar.
Este reportero ha venido señalando insistentemente, con argumentos que creemos racionales, lo atingente del refinanciamiento, verbigracia, pero nadie de los ahora encumbrados –aunque el congreso que encabeza Eduardo Martínez Arcila, particularmente su correligionario panista Fernando Zelaya Espinosa y el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández– parece interesado en que la gente entienda los propósitos de Joaquín y, por el contrario, los tome como despropósitos.
El peor de todos, sin duda, ha sido el empresario poblano Juan Vergara Fernández, que como la Chimoltrufia un día dice que no habrá más deuda, al otro que sí, que la muchacha está un poquito embarazada y que se sí y no se pagará una importante cantidad a largo plazo por la renegociación de plazos para pago de capital y el respectivo pago de intereses. Sus dilates provocaron el único exabrupto que el gobernador ha lanzado contra la prensa hasta ahora.
¡Pero si Carlos Joaquín, en apego a la verdad, sólo dijo que no pediría más dinero prestado –sus cuentas bancarias personales no requieren esquilmar más a los quintanarroenses–! ¿No podían simplemente comunicar eso?
¡De veras! Y dijera la canción: mas no se asombren. El teléfono está descompuesto.
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