Una de las varias promesas de los candidatos del PRI durante la campaña política reciente, fue la de transparentar todas sus acciones una vez que asumieran las posiciones para los que fueron electos, no solo en el tema financiero, sino también en obras, contrataciones y demás responsabilidades que tuvieron a su cargo los alcaldes que se fueron, TODOS, con más pena que gloria.
Han pasado casi tres semanas y los ciudadanos desconocen las condiciones en que fueron recibidos cada uno de los ayuntamientos en el estado. Sin embargo, empieza a haber algunas señales en ese sentido.
La semana termina con dos revelaciones: una del sur y otra del norte. En Chetumal, Eduardo Abuxapqui, abrió los closets de Palacio y se encontró con todos los “muertos” que le dejó Carlos Mario Villanueva Tenorio, el primer hijo de un ex gobernador que llega a un cargo tan importante como lo es una presidencia municipal y que, pese a las grandes expectativas que despertó en los chetumaleños, terminó siendo una gran decepción.
La otra revelación la hizo Paul Carrillo de Cáceres en Cancún, quien anunció que prepara ya las primeras acciones penales en contra de funcionarios de la administración panista-perredista que encabezó Julián Ricalde Magaña, cuyos colaboradores se llevaron hasta las computadoras.
En otros municipios, se sabe también de que se están consolidando, fundamentando desvíos y otro tipo de irregularidades. En Solidaridad, por ejemplo, entre Filiberto Martínez y Rafael Kantún vendieron predios que debían ser para escuelas y parques. Además, de la noche a la mañana convirtieron en chatarra vehículos seminuevos, para prácticamente regalarlos a sus allegados.
La Constitución del estado obliga a los Ayuntamientos salientes a entregar la cuenta pública del año anterior el mismo día de la toma de protesta del Ayuntamiento entrante, además de informar sobre la situación financiera actual, patrimonio municipal, información administrativa, actas de Cabildo y otros informes más que dan un panorama de la condición en que se recibe la administración, para que continúen las actividades normales sin interrupción en los servicios públicos y administrativos.
Aunque los alcaldes salientes cumplieron sin dilación con ese trámite, al final la calidad del contenido de la información que entregaron es pobre y hay casos en los que ésta no corresponde con la realidad.
La ley también otorga a los Ayuntamientos entrantes un plazo de 60 días para revisar toda la información que les entregaron, con la finalidad de detectar posibles faltas en la información, anomalías o faltantes, en cuyo caso las contralorías deberán hacer las investigaciones correspondientes y en su caso recurrir a las autoridades ministeriales, según corresponda.
Las nuevas administraciones están aún dentro de los tiempos legales, pero empiezan a haber señales de lo que encontraron en los closets y debajo de las alfombras. Será muy importante que informen de ello a la sociedad, para demostrar congruencia entre los dichos y los hechos.
