La reciente actuación del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) ha generado un intenso debate sobre la eficacia y el compromiso de las instituciones electorales en México con los principios de justicia, equidad y representación de grupos históricamente marginados.
Al revocar el acuerdo 81 del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), que buscaba asegurar la representación adecuada de personas con discapacidad y personas indígenas en las postulaciones para cargos públicos, el Tribunal ha validado lo que muchos consideran una simulación de cumplimiento por parte de algunos candidatos y sus partidos.
Esta decisión no solo socava los esfuerzos por garantizar una representación equitativa de todas las facciones de la sociedad mexicana en los espacios de poder, sino que también pone de manifiesto una peligrosa interpretación de las acciones afirmativas.
Las acciones afirmativas, diseñadas para corregir desigualdades y promover una participación política más inclusiva, se han transformado en meras formalidades que los partidos políticos pueden fácilmente eludir.
Es preocupante que el TEQROO haya considerado que la presentación de un certificado médico es suficiente para acreditar la discapacidad de un candidato, sin un examen riguroso de la autenticidad de esta condición.
Igualmente, al permitir una interpretación laxa de la representación indígena, el Tribunal ha abierto la puerta para que candidatos que no representan genuinamente a estas comunidades ocupen espacios destinados a ellos.
Este fallo no solo desvirtúa el propósito de las acciones afirmativas, sino que también contradice el espíritu del artículo 1° de la Constitución Mexicana, el cual obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos dentro de un marco de inclusión y no discriminación.
Al priorizar una interpretación técnica sobre la justicia sustantiva, el Tribunal ha demostrado una desconexión preocupante con la realidad social y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y las comunidades indígenas en México.
Más allá de los detalles técnicos, este caso subraya la necesidad de una reflexión profunda sobre el rol de las instituciones electorales en la promoción de una democracia verdaderamente representativa.
La decisión del TEQROO no solo afecta a los candidatos implicados y a las coaliciones políticas; tiene un impacto directo en la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y en su capacidad para representar los intereses y las voces de todos los mexicanos, especialmente aquellos que han sido marginados históricamente.
En este contexto, es imperativo que las instituciones electorales adopten un enfoque más proactivo y comprometido con la inclusión.
Esto significa no solo cumplir con las acciones afirmativas en papel, sino también garantizar que se lleven a cabo de manera que refleje fielmente las necesidades y aspiraciones de las comunidades a las que pretenden servir. Solo así podremos avanzar hacia una democracia en México que sea verdaderamente representativa, justa para todos y también con instituciones en las que haya ausencia de discapacidad y se deje de ofender la inteligencia de los electores.
