Cancún, 3 de agosto 2022.- Ubicado en la súper manzana 259 de Cancún, el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso es un referente de diversos temas urbanos, problemática familiar-social, de contaminación y especialmente de inseguridad; incluso se le bautizó como “las favelas de Cancún”.
En un estudio realizado por el Observatorio Legislativo Quintana Roo, se recuerda que el Ayuntamiento 2005-2008, que encabezó Francisco Alor Quezada, fue uno de los que más cambios de uso de suelo aprobó, entre ellos el llamado polígono de expansión número 11.
De última hora y sin un estudio a fondo, el Cabildo aprobó en septiembre de 2017 el cambio de densidad de 143 hectáreas para aumentar el número de viviendas por hectárea de 60 a 120, siendo otorgada esa autorización a la empresa CADU Inmobiliaria.
De acuerdo con la información que proporcionó el organismo de la sociedad civil, la propuesta estuvo revisada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte integrada por los regidores Mario Machuca, Delia Alvarado y Jesús Melchor González Solís, los dos primeros líderes sindicales integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el restante del Verde (PVEM), mientras que como director de Desarrollo Urbano estaba Heyden José Cebada Ramírez.
En el documento, el Observatorio refiere que la constructora señaló la necesidad de dar vivienda económica de interés social con los subsidios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
El proyecto señalaba 17,160 casas de 35 metros cuadrados, lo cual fue criticado sólo por un integrante del Cabildo, Agustín Osorio Basto, quien advirtió de los graves conflictos familiares y sociales que se generarían en esa zona con esa concentración de personas.
Fue el único voto en contra, y ahora a 15 años, esa decisión causa graves problemas urbanos y de falta de atención. El diseño de su entorno no contempló zonas de equipamiento y esparcimiento, incluso el sitio está controlado por grupos que establecen las normas de movilidad interna.
Dentro del desarrollo; incluso acciones y eventos como el levantamiento de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), visitas de inspectores del municipio y actos de campañas políticas son limitados.
De las 17,160 viviendas que se pretendían construir, están construidas y censadas cerca de 14 mil con una población registrada por el Inegi de 38,882 personas, la mitad hombres. Las casas ocupadas son cerca de 12 mil, lo que deja gran cantidad en aparente desocupación, pero en realidad muchas están invadidas.
La densidad es de 272 personas por hectárea, un gran hacinamiento, con problemas de habitabilidad, inseguridad, falta de servicios y espacios de esparcimiento que generan frecuentes problemas vecinales y delincuenciales.
Hay instalados “topes” dentro de los callejones del fraccionamiento para obstruir o evitar el paso de los rondines de la policía, y es la zona con más puntos de venta de alcohol de todo el municipio.
El documento concluye que los ex regidores Mario Machuca y Delia Alvarado siguen siendo líderes sindicales, mientras que Jesús Melchor González Solís es registrado como beneficiario de ayuda social por parte del Regidor Pablo Bustamante, Heyden Cebada sigue como funcionario en Desarrollo Urbano del Municipio, y a la empresa le generó una muy importante cantidad de ingresos por la venta de esas casas.
