CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril.– El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado formalmente la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y excolaboradores de su administración. La petición emana de una Corte en Nueva York, donde se les acusa de brindar protección operativa al Cártel de Sinaloa.
FGR determinará viabilidad de la entrega
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó mediante un comunicado que la solicitud fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR). Esta instancia será la responsable de analizar si existen elementos probatorios suficientes de acuerdo con el sistema jurídico mexicano para proceder con las detenciones provisionales.
“Como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios y la viabilidad de las solicitudes de detención”, señaló la Cancillería.
La dependencia detalló que el trámite inició formalmente ayer a las 18:00 horas, bajo el marco de la Ley de Extradición Internacional. Asimismo, la SRE anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos, argumentando que la difusión pública de esta información vulneró las cláusulas de confidencialidad establecidas en los tratados vigentes.
Los implicados en el “indictment”
La acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala una presunta conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y respaldo político. Según el documento judicial liberado este 29 de abril, entre los señalados figuran:
- Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez, Senador.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán.
- Diversos mandos de seguridad y exfuncionarios estatales.
Acusaciones de la DEA: Tráfico de fentanilo
El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, sostienen que los implicados habrían facilitado activamente el trasiego de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina. Las autoridades estadounidenses subrayan que la estructura gubernamental fue utilizada para proteger las operaciones delictivas del cártel en la región.
