Una segunda grabación telefónica ha expuesto una profundización en los acercamientos entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y agencias de seguridad de los Estados Unidos.
En este nuevo material, difundido por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal, se escucha a la mandataria estatal manifestar su plena disposición para colaborar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de EE. UU., en medio de advertencias directas sobre posibles órdenes de extradición y bloqueos financieros.
La conversación revela la urgencia de un intermediario no identificado, quien le advierte a la gobernadora que las agencias norteamericanas sienten que “han perdido el tiempo” tras tres reuniones previas. De acuerdo con el interlocutor, un nuevo encuentro con el procurador estadounidense a cargo del caso representa la única vía disponible para abrir canales institucionales y “frenar los cargos o sanciones a tiempo”.
La intervención de su defensa legal y alertas de extradición
Uno de los momentos de mayor tensión en el audio ocurre cuando el intermediario pone sobre la mesa la posibilidad de que la justicia estadounidense proceda penalmente de forma severa. Ante la mención de una posible orden de extradición, la gobernadora reacciona con desconcierto:
“No entiendo nada. Es muy complicado, ¿pero está diciendo que me quieren… una extradición?”.
A pesar de la gravedad del escenario, Ávila Olmeda reitera su intención de colaborar con las autoridades del país vecino, señalando textualmente: “Estoy dispuesta siempre a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”.
Sin embargo, la mandataria estatal deja en claro un límite crucial en la negociación: se niega rotundamente a trasladarse a territorio estadounidense.
“Yo no quiero cruzar a Estados Unidos después de la última vez”, confiesa en la llamada. Ante la contrapropuesta de utilizar las instalaciones del Consulado de EE. UU. en Tijuana, la gobernadora externa su rechazo a dicha sede y sugiere pactar el encuentro en un lugar neutral, como un hotel en territorio mexicano.
Frustración institucional y temor a sanciones de la OFAC
La gobernadora también aprovecha el enlace para manifestar su descontento con el desarrollo de los encuentros anteriores en los que han participado diversas agencias de seguridad y del Departamento de Justicia. “Yo la verdad es que ya no quería tener más reuniones porque se han portado muy mal. Cada vez que me siento, me hacen algo… salgo de ahí y ya pasó algo. No he visto ningún avance”, reclama.
Asimismo, la llamada evidencia la preocupación de la funcionaria ante posibles repercusiones financieras internacionales, indagando si las advertencias implican una inclusión en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, mencionada en el audio como “la FAC”). Sobre esto, Ávila Olmeda intenta matizar su situación financiera asegurando: “Dinero… tengo dos cuentas, desconozco ahí las sanciones”.
El respaldo de su defensa en Miami
Como hilo conductor con la primera filtración, el interlocutor le pregunta explícitamente si continúa bajo la asesoría de la misma defensa legal en el estado de Florida. La gobernadora confirma de viva voz que no ha realizado modificaciones en su equipo y que su caso sigue estando a cargo del abogado Michael Nadler, establecido en Miami.
Hasta el momento, estas nuevas revelaciones escalan la presión política sobre la administración estatal de Baja California, al evidenciar el nivel de vulnerabilidad legal de la mandataria ante la justicia penal de los Estados Unidos.
