En junio pasado, Claudia Sheinbaum anunció la conformación de un equipo para desarrollar una iniciativa de reformas electorales y dijo que el proyecto estaría listo en la primera quincena de este enero de 2026, para ser turnado a la Cámara de Diputados en los primeros días de febrero.
Pero el futuro le ganó. El encargado de la comisión presidencial que confirmó, Pablo Gómez, empezó a manosear el tema, a filtrar ideas aisladas y hasta dijo que no le gustaba la autonomía del Instituto Nacional Electoral, lo cual era una incongruencia, pues como opositor encabezó las luchas para quitarle al gobierno el control de las elecciones y ciudadanizar su organización.
A los aliados de Morena, el Verde y el PT, les preocupó la eliminación de los legisladores plurinominales, pues sus bancadas están compuestas mayoritariamente por diputados y senadores que
llegaron por esa vía.
Los desvaríos de Pablo Gómez preocuparon, incluso, a figuras históricas de la izquierda mexicana, hoy en Morena, como Laura Itzel Castillo, hija de Heberto Castillo, uno de los principales protagonistas de la transición democrática mexicana, que luchó por un árbitro electoral autónomo y fue uno de los principales negociadores de la primera reforma electoral, la de 1977, que estableció la figura de diputados plurinominales, para que las minorías tuviesen representación legislativa.
En medio de la ola de rumores y discrepancias, incluso al interior de la 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que el INE seguirá siendo autónomo, que las minorías seguirán teniendo representación legislativa y que los consejeros electorales seguirán siendo nombrados por el Senado y no electos en las urnas, como era la idea del expresidente López Obrador.
Desde que empezaron a darse las reformas electorales en México, a partir de 1977, estas han sido empujadas desde la oposición y la sociedad civil y se acuerdan en consensos por todas las fuerzas políticas.
Pero ahora esta reforma es antinatural, porque surge desde el oficialismo, con el argumento de modernizar el sistema político y reducir los costos de las elecciones, que son de las más caras del mundo.
Bajo ese paraguas se han planteado también reducir el número de legisladores, recortar el financiamiento público a los partidos y suprimir el fuero constitucional. Cada una de estas propuestas, analizada por separado, puede generar debate legítimo.
El problema aparece cuando se contemplan juntas, porque su suma tiene efectos directos sobre la capacidad de representación y los mecanismos de control en una democracia.
Los legisladores plurinominales surgieron con la intención de garantizar que las minorías tuvieran voz en el Congreso y de evitar que una sola fuerza política concentrara todo el poder. En la práctica, ese sistema no siempre ha funcionado como fue pensado y ha sido objeto de abuso por parte de las dirigencias partidistas. Pero eliminarlo por completo supone regresar a los años anteriores a 1977, en los que las minorías no estaban representadas y el PRI, como partido hegemónico, tenía todo el control.
Más que abolir esta figura, lo razonable sería discutir cómo se puede mejorar, y una manera sería imponer candados, transparentar las nominaciones y establecer mecanismos que impidan su uso para reproducir privilegios internos en los partidos.
El financiamiento público de los partidos suele verse como un privilegio, pero en términos democráticos funciona como un seguro. Su objetivo es asegurar competencia electoral en contextos de desigualdad económica y evitar el uso de dinero de procedencia ilícita, aunque esto último se ha normalizado en los últimos días por la tibieza de la autoridad electoral.
Reducir o eliminar el financiamiento público sin fortalecer los mecanismos de fiscalización y supervisión sería institucionalizar de facto el financiamiento ilegal, especialmente en zonas donde los cárteles y las redes del crimen organizado ya ejercen fuerte influencia.
El fuero es otra figura polémica. Hoy en día muchos lo perciben como un escudo que protege a legisladores corruptos o a delincuentes que se escudan en su condición para evitar responsabilidades. Esa crítica es válida. Pero el problema no es el fuero per se, sino su aplicación. Originalmente, el fuero existía para proteger a representantes frente a usos facciosos de la justicia, para evitar persecuciones políticas. La solución entonces no es eliminarlo de forma indiscriminada, sino redefinirlo, acotarlo, limitar su alcance y establecer procedimientos claros para suspenderlo cuando existan evidencias de delitos, siempre respaldados por un poder judicial autónomo.
En México ha sido común que quienes están en el poder establezcan medidas para limitar la participación de quienes piensan distinto, pero más adelante esas medidas se vuelven en contra de quienes las diseñaron, cuando la correlación de fuerzas cambia.
A veces pareciera que esas lecciones no se han aprendido.
Castigar abusos, combatir excesos y mejorar la eficacia del sistema político son objetivos legítimos. Pero desmantelar al mismo tiempo los contrapesos que protegen la pluralidad y la competencia electoral es arriesgar la democracia.
Lo prudente es proponer cambios que fortalezcan instituciones, que hagan más transparente la vida pública y que mejoren la fiscalización, sin dejar al país más vulnerable frente a intereses privados o en manos de la delincuencia organizada.
Reformas que debiliten aún más los escasos contrapesos que quedan pueden transformar un intento de modernización en un retroceso democrático.
Hoy se deben diseñar soluciones responsables que protejan la pluralidad, la competencia y la rendición de cuentas, y tener presente que las decisiones de ahora tendrán efectos duraderos en el futuro político del país.
