Los Ángeles, 9 de junio de 2025.– El estado de California se prepara para enfrentar legalmente al presidente Donald Trump tras el despliegue federal de la Guardia Nacional en Los Ángeles, en medio de intensas protestas contra su política migratoria. El fiscal general del estado, Rob Bonta, anunció que este lunes presentará una demanda para frenar lo que calificó como una “violación de la soberanía estatal”.
“El uso de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador es ilegal e inmoral”, declaró el gobernador Gavin Newsom en entrevista con MSNBC, mientras el fiscal Bonta planea solicitar una orden judicial y una orden de restricción para detener el despliegue.
La movilización militar ordenada por Trump ocurre tras tres días de protestas por la detención de inmigrantes, que el domingo alcanzaron su punto más álgido. Manifestantes bloquearon carreteras, incendiaron autos autónomos y enfrentaron a las autoridades con objetos y fuegos artificiales. La policía respondió con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras.
Aunque gran parte de Los Ángeles permaneció en calma, los disturbios se concentraron en zonas del centro de la ciudad, donde aún se aprecian vehículos quemados, escombros y grafitis en edificios gubernamentales, incluidos el Ayuntamiento y un centro de detención federal, epicentro de las manifestaciones.
Hasta el mediodía del lunes, alrededor de 1,000 miembros de la Guardia Nacional estaban ya desplegados en la ciudad bajo órdenes federales, y se espera que esa cifra llegue a los 2,000 durante el día, según fuentes del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato.
El presidente Trump defendió su decisión en su red social Truth Social, afirmando que “la ciudad habría sido completamente destruida” de no haber enviado a las tropas. También acusó al gobernador Newsom y a la alcaldesa Karen Bass de mentir al afirmar que la intervención militar no era necesaria.
La tensión entre el gobierno federal y las autoridades californianas continúa creciendo, y esta demanda podría convertirse en un nuevo episodio en el prolongado conflicto entre la administración Trump y el estado de California sobre temas migratorios y de seguridad pública.
