Ciudad de México.– La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) reveló este martes que la Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, recibió más de 40 millones de dólares en transacciones vinculadas a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública de México condenado en 2023 por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
Según el informe oficial, las operaciones financieras ocurrieron entre 2013 y 2019, y fueron realizadas por una empresa controlada por García Luna. FinCEN sostiene que dichos recursos provenían de pagos ilegales del narcotráfico, específicamente del Cártel de Sinaloa, como parte de una red de corrupción que permitió el tráfico de drogas y opioides hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses aseguran que estas transacciones, junto con otras ejecutadas por intermediarios conocidos como “mulas”, podrían haber facilitado el flujo de dinero ilícito relacionado con la cadena de suministro del fentanilo y otras drogas sintéticas.
Además de Vector, FinCEN también acusó a CIBanco e Intercam Banco de participar en el lavado de dinero de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y la organización de los Beltrán Leyva, subrayando que estas instituciones financieras mexicanas presuntamente facilitaron operaciones que beneficiaron a grupos del crimen organizado.
García Luna, quien fue también director de la Agencia Federal de Investigación, fue hallado culpable por una corte federal en 2023 de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante su paso por el Gobierno federal entre 2001 y 2012. Durante ese periodo, el ex funcionario habría utilizado su cargo para permitir el trasiego de drogas a cambio de millones de dólares en sobornos.
Esta nueva revelación pone en entredicho la relación entre el poder político, el sistema financiero mexicano y las redes del narcotráfico. Hasta el momento, Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam han negado cualquier implicación en actividades ilícitas y aseguran que cooperarán con las autoridades conforme a la ley.
Las acusaciones de FinCEN se suman a un creciente escrutinio internacional sobre el uso del sistema financiero mexicano para operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico y la corrupción.
