Ciudad de México, 2 de junio de 2025 — La primera elección ciudadana para renovar el Poder Judicial en México fue marcada por una participación notablemente baja. Según cifras preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), apenas entre el 12.57% y el 13.32% de los votantes acudieron a las urnas, una cifra muy por debajo del promedio histórico del 60% en comicios federales.
A pesar de la baja afluencia, se eligieron 2,681 cargos judiciales a nivel federal y local, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte, jueces de distrito, magistrados electorales y miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. La jornada también estuvo marcada por la complejidad del proceso: los ciudadanos tuvieron que llenar hasta 13 boletas distintas, lo que generó largas demoras y desincentivó la participación.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que desde las seis de la tarde comenzó el cómputo de votos, aunque no se ofrecieron proyecciones ni tendencias de voto como ocurre en otras elecciones. Además, se reportó que alrededor del 20% de los sufragios fueron inválidos: un 10% anulados y otro 10% sin marcar, considerados “recuadros no utilizados”.
Durante la jornada se registraron 1,770 incidentes, de los cuales 500 (28.2%) correspondieron a acciones que obstaculizaron el derecho al voto sin causa justificada. Según observadores de la Coparmex, se detectaron prácticas irregulares como el uso de “acordeones” para inducir el voto, lo que pone en entredicho la libertad del sufragio en algunas zonas.
Pese a este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la jornada como un “éxito histórico”. En un mensaje en video difundido en sus redes sociales, celebró que cerca de 13 millones de personas ejercieran su derecho a elegir a los nuevos guardianes de la justicia. “Somos el país más democrático del mundo”, afirmó la mandataria, minimizando los señalamientos de irregularidades.
La elección, considerada inédita en la historia del país, deja un sabor agridulce: por un lado, representa un cambio profundo en la forma en que se designan los operadores judiciales; por otro, evidencia los desafíos de implementar procesos complejos en un sistema que aún lucha por garantizar elecciones libres, razonadas y con amplia participación.
