Ciudad de México.— Un grupo de 14 jueces federales mexicanos, activos o en retiro, presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación de sus derechos fundamentales como resultado de la reforma judicial implementada en septiembre de 2024.
El documento fue entregado a través del “Cyrus R. Vance Center for International Justice”, parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, según informó la institución en un comunicado. La solicitud señala que la reforma vulneró principios clave como la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación, afectando particularmente a la participación de las mujeres en el Poder Judicial.
“La petición afirma que las personas peticionarias fueron directamente afectadas por la reforma judicial e insta a la Comisión a responder a las denuncias y tomar medidas para proteger los derechos humanos”, detalló el comunicado.
La reforma, propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, eliminó la carrera judicial tradicional y estableció la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, una medida que ha sido ampliamente cuestionada tanto en el país como en el extranjero.
María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y una de las firmantes de la petición, expresó que si bien el proceso electoral para elegir a los nuevos jueces está en marcha —con elecciones previstas para el 1 de junio—, aún es posible exigir una reparación para los jueces afectados. “Esperamos que esta petición reconozca los daños sufridos por las y los colegas impartidores de justicia, y que sirva como ejemplo para evitar que otros países sigan el mismo camino”, declaró.
Esta es la segunda ocasión en que se presenta una queja ante la CIDH por esta reforma. La primera fue formulada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), y derivó en una audiencia en noviembre pasado en Washington.
Desde el Vance Center, su Director Ejecutivo Adjunto, Jaime Chávez Alor, señaló que la petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las implicaciones de la reforma judicial mexicana en el marco de los derechos humanos. “Los Estados pueden reformar sus sistemas judiciales, pero no a costa de vulnerar garantías fundamentales”, advirtió.
La CIDH deberá ahora analizar el caso y determinar si procede una investigación formal y posibles recomendaciones o medidas de reparación.
