Ayer, poco después de que en los mentideros y corrillos se comentaba que Javier Zetina González había ganado la partida a la XV Legislatura, cuyas acciones judiciales para deshacerse de él no prosperaron y la justicia federal confirmó repetidamente que su designación fue legal, por más que haya sido considerada parte crucial del archifamoso “paquete de impunidad” de Roberto Borge Angulo, el auditor superior del estado presentó al congreso su renuncia irrevocable.
Antes –si se quiere ser inocente así habría que entenderlo– se dio un forcejeo tras las fallidas acciones judiciales de los legisladores locales, que le exigieron a “Javicho” realizar nuevas auditorías a las cuentas públicas del año 2015 y este respondió que encantado de la vida, pero que la reposición de los procedimientos contables costaría 20 millones de pesos, entre otras cosas. La dupla endemoniada del presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila y del de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Emiliano Ramos Hernández –panista y perredista respectivamente, para mayores señas– le reviró al guardaespaldas de Borge y asociados que con todo gusto, pero que serían sólo cinco millones y mucho menos tiempo para realizar los trabajos. El bravísimo primo carnal del exgobernador Félix González Canto, presunto demiurgo tras el borgismo, se habría sentido muy presionado con las nuevas condiciones y entonces tiró el arpa.
Sin embargo –y esta sería la explicación para quienes gustan de la suspicacia– con las actuaciones legales ganadas y la posibilidad de conservar la chamba, seguir desempeñándose como cancerbero de los intereses de la dupla Félix-Beto y de paso presumir que se pasó a una estridente legislatura por el Arco del Triunfo, la explicación del agobio por el recorte de billetes y el apremio temporal que le pusieron los inquilinos del inmueble de Punta Estrella como motivos para la salida de Javier Zetina de plano no bastan ni convencen.
Ya la presidenta municipal cozumeleña Perla Tun Pech la emprendió legalmente contra su antecesor Fredy Marrufo Martín, malamente nombrado delegado de la federal Sedatu, por graves irregularidades; uno tras otro han ido cayendo sus colegas felix-borgistas expertos en desvíos de programas sociales y Mario Castro Basto fue cesado como titular de Diconsa casi simultáneamente a su imposición en el capítulo quintanarroense de la dependencia federal, acusado no sólo de botar y dejar podrir cuatro toneladas de alimentos, sino de sucios desvíos de recursos con fines político-electorales.
No: Javicho no se fue porque le ataran las manos, sino porque lo tenían amenazado con ponerle en el tobillo un grillete con una bola de acero al otro extremo.
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