La diputada federal Abril Alcalá Padilla propuso reformar la Ley General de Salud para hacer obligatoria la aplicación de vacunas de toda persona residente en territorio nacional.
Actualmente, varias enfermedades que se consideraban erradicadas en México resurgieron, entre otras razones, sostuvo la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en un comunicado, por movimientos antivacunas con motivación religiosa y política provenientes de otros países.
La legisladora calificó de “terrible retroceso este resurgimiento de enfermedades, ya que constituyen una violación a los derechos de la ciudadanía en general, y de la niñez y otros grupos vulnerables en particular, pues se enferman por el rechazo de ciertos actores sociales a las vacunas.
En Estados Unidos, con el cual México tiene elevado intercambio de personas, por ejemplo, las creencias políticas y religiosas son usadas legalmente para evitar el derecho a la vacunación y ello derivó en su pérdida de estatus de país libre de sarampión en 2019, cuando se registraron mil 282 casos, indicó la diputada perredista.
Algo semejante sucedió en varios países de Europa, donde se registraron 13 mil 207 casos de esa enfermedad, lo que orilló a gobiernos como el francés y el italiano a adoptar severas medidas legales, como multas y prohibición de acceso a la escuela para obligar a que se vacune a los niños.
Alcalá Padilla consideró necesario adoptar medidas similares en México y específicamente propuso reformar los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 5 para precisar que la vacunación universal y gratuita en cualquier dependencia pública federal o local, del Sistema Nacional de Salud, no sólo sea un derecho, sino también una obligación.
Además plantea que se especifique cada una de las 14 vacunas, a saber, contra difteria, hepatitis A y B, influenza estacional y tipo b, infecciones neumocócicas, parotiditis, poliomielitis, rotavirus, rubéola, tétanos, tosferina, tuberculosis, varicela, papiloma humano y contra el dengue.
Argumentó que mediante la explicitación del derecho y obligación a estas vacunas desde la ley, también se pretende evitar que futuras administraciones las impidan por sesgos políticos o ideológicos, pues impactarían en la salud de la población, pero también en los recursos públicos, las instituciones implicadas, la seguridad nacional y la gobernabilidad.
Precisó que impedir la vacunación para prevenir enfermedades de carácter epidémico impacta en las condiciones de bienestar de la población, particularmente en grupos vulnerables, resultando en muchas ocasiones en consecuencias fatales o que dificultan las condiciones de pobreza en las que ya viven muchas de estas personas.
Así, la obligatoriedad de vacunas en la ley, sostuvo, es un paso necesario basado y respaldado en una historia de trabajo, información e investigación suficiente, que ciertamente puede ser modificado en el futuro, si se requiere, para ciertas enfermedades y vacunas, pero siempre privilegiando la salud.
Por lo tanto, darle garantía a una cuestión que ya opera en la práctica, consolida la política pro-vacunación que el Estado mexicano ha sostenido por décadas, el cual tendrá que ir acompañado de mecanismos que garanticen las aplicaciones totales de los esquemas o programas de vacunación que se deriven de esta ley”, concluyó.
