CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A medio año de la realización de la elección de 2027 y un día después del anuncio de la detención de dos alcaldes en Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa para que el Instituto Nacional Electoral (INE) revise que los candidatos no tengan vínculos con el narcotráfico.
“Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar algún candidato que hubiera algún riesgo de vincular uno con la delincuencia organizada. Luisa María tenía preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de que se envíe de una vez”, precisó la mandataria.
La presidenta destacó que esta medida responde a los casos de funcionarios presuntamente relacionados con el crimen organizado. El anuncio ocurre en medio de la tensión política generada por las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y sus nexos con “Los Chapitos” y el Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum refirió que aprovechará el periodo extraordinario que abrirá el Congreso de la Unión con motivo de la reforma para pasar la elección judicial al 2028, para presentar esta medida.
De aprobarse la propuesta se crearía una Comisión de Verificación a cargo del INE que colaborará con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), así como con las instancias estatales, para poder identificar riesgos entre los postulados por los partidos.
La mandataria justificó que la reforma se presenta tras hallarse casos en donde presidencias municipales se vincularon con los grupos criminales, como se encontró a inicio del sexenio en algunas entidades del Estado de México, posteriormente en los municipios de Teuchitlán y Tequila, Jalisco, y finalmente lo que se dio a conocer ayer en el marco de la Operación Enjambre.
La medida
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, indicó que se centrará a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Dependerá del INE, se integrará por cinco de los consejeros electorales y que serán votados por un periodo de tres años.
Los partidos deberán entregar a la comisión la lista de sus aspirantes, para que se consulte con la FGR, CNI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que éstas determinen si existe algún tipo de riesgo.
