Chilpancingo, Gro., 30 de mayo de 2025 — Una nueva ola de violencia sacudió al puerto de Acapulco entre la noche del jueves y la mañana de este viernes, dejando un saldo preliminar de cinco personas desmembradas y una camioneta de transporte público incendiada, lo que provocó la suspensión del servicio en diversas rutas por parte de los transportistas locales.
De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 22:00 horas del jueves, un taxi con número económico 2704, de color blanco y amarillo, fue abandonado en el Boulevard Vicente Guerrero, en la Colonia Emiliano Zapata. En su interior, las autoridades localizaron bolsas negras que contenían los restos de cuatro hombres y una mujer.
Junto a los cuerpos, se hallaron cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos a funcionarios y mandos policiacos de la Fiscalía General del Estado (FGE). En los textos se acusa directamente a elementos de la corporación de colaborar con un grupo del crimen organizado, intensificando así la crisis de violencia e impunidad en la región.
Horas más tarde, alrededor de las 8:00 de la mañana del viernes, hombres armados interceptaron una camioneta Urvan de la ruta Centro-San Isidro que circulaba por la Avenida Pie de la Cuesta. Según testigos, los sujetos obligaron a descender a los pasajeros y al conductor, y posteriormente incendiaron la unidad frente a transeúntes.
Ante estos hechos, transportistas del puerto suspendieron el servicio en múltiples rutas urbanas, argumentando falta de condiciones de seguridad para operar. La medida ha comenzado a afectar la movilidad de cientos de ciudadanos en Acapulco, que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
Las autoridades estatales han guardado silencio respecto a los señalamientos directos en las narcomantas, mientras el temor y la tensión crecen en una ciudad ya golpeada por el crimen organizado y la fragilidad institucional.
Los hechos se suman a una larga lista de ataques y ejecuciones que han colocado a Acapulco entre los municipios más violentos del país, a tan solo dos días de la jornada electoral. Mientras tanto, la ciudadanía exige garantías mínimas de seguridad para poder salir a votar sin miedo.
